Piden que Osakidetza devuelva 531 euros a un paciente que pagó el transporte e incineración de su pierna amputada

Javier Medrano

San Sebastián

Un paciente del Hospital Donostia podría recuperar 531,71 euros después de que el Ararteko haya recomendado al Departamento de Salud que reitengre las cantidades abonadas por el usuario de Osakidetza en concepto de gastos de transporte e incineración de una pierna amputada.

 La queja se originó posteriormente, en el momento en que Osakidetza denegó la solicitud de reembolso presentada por el intervenido, quien alegó no solo el impacto económico de la factura, sino también el fuerte impacto emocional que supuso tener que encargarse de este trámite en un momento de especial vulnerabilidad.

En su reclamación, el interesado explicaba que su único patrimonio estaba compuesto por la que había sido su vivienda conyugal y la mencionada pensión. Por su parte, su cónyuge percibía una prestación de 1.771,32 euros, ingresos con los que tenían que hacer frente al pago de la residencia de mayores en la que ambos residían, a razón de 2.600 euros al mes en total.

Durante el proceso quirúrgico, personal de enfermería de Osakidetza informó al demandante de que, «a diferencia de lo que venía sucediendo desde hacía aproximadamente un par de años es la persona que ha sufrido la amputación quien debe contactar con una funeraria para hacerse cargo de la recogida e incineración del miembro amputado».

Sin embargo, según el testimonio del damnificado y a preguntas de la familia, el personal sanitario no supo concretar la normativa que amparaba esta obligación personal del paciente por las que debe hacerse cargo de los gastos funerarios del transporte y eliminación de la extremidad amputada.

De esta manera y tras abonar personalmente los gastos de estos conceptos, que ascendieron a 531,71 euros, el usuario de Osakidetza solicitó la intervención del Ararteko que, en su resolución, ha señalado que el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la CAPV distingue entre cadáveres y restos humanos, definiendo estos últimos como «aquellos de entidad suficiente procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos».

Así, mientras la inhumación e incineración de los primeros está expresamente previsto en la normativa que sean sufragadas por la persona fallecida o sus herederos, no ocurre lo mismo con los restos humanos.

Por ello, el Defensor del Pueblo del País Vasco ha recomendado al Departamento de Salud del Gobierno Vasco que proceda al reintegro de las cantidades abonadas por el interesado o sus familiares en concepto de gastos de transporte y eliminación de la extremidad que le fue amputada como consecuencia de la patología médica que sufría. Al mismo tiempo, el Ararteko también pone el foco en las consecuencias psicológicas de una amputación, señalando que se trata de un proceso traumático que afecta tanto a la autonomía como a la identidad personal, y que exigir al paciente este tipo de gestiones y pagos agrava una situación ya de por sí delicada.

En agosto de 2022 una pierna amputada tuvo también en el foco a Osakidetza después de que el Boletín Oficial del País Vasco publicase que el Departamento de Salud buscaba a un paciente que fue sometido a la amputación de un pierna en el Hospital del Bidasoa y tenía pendiente de recoger los restos en el centro sanitario guipuzcoano.

«Es un caso excepcional», aseguraban desde el departamento vasco de Salud, que insistía en que «es obligación de la familia hacerse cargo de los restos amputados a través de una empresa funeraria autorizada», punto de vista que rebate el Ararteko en su última resolución arcerca de esta cuestión.

FUENTE: DIARIO VASCO