Esta medida responde al compromiso adquirido por el Departamento de Salud y Osakidetza para ofrecer “una respuesta más humana, empática y respetuosa con las personas afectadas y sus allegados en situaciones de especial sensibilidad“, según ha explicado la Consejería.
La nueva instrucción, de aplicación en todas las organizaciones de servicio de Osakidetza, sustituye a la anterior Instrucción 4/2024 sobre el reintegro de costes del servicio funerario por restos humanos, que queda sin efecto.
De este modo, el sistema sanitario público vasco asume directamente los costes y la tramitación de la incineración de los restos cuando haya consentimiento de los pacientes o familiares. En los casos en los que las personas prefieran disponer de los restos por decisión propia -por ejemplo, para proceder a su inhumación o cremación particular-, serán ellas o sus familiares quienes se encarguen de la gestión y de los gastos asociados, conforme a la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria.
En todos los supuestos, Osakidetza emitirá el correspondiente certificado médico que acredite la causa y procedencia de los restos, requisito necesario para realizar los trámites de traslado e incineración o inhumación.
Queja al Ararteko por una pierna
El pasado mes de febrero el Ararteko trasladó al Gobierno Vasco el caso de un hombre que tuvo que abonar más de 500 euros por los gastos de transporte y eliminación de una pierna que le fue amputada como consecuencia de una patología que sufría y le pidió que le reintegrase esa cantidad.
Este paciente se puso en contacto con la defensoría del pueblo en Euskadi después de que en agosto de 2023 se sometiera a la amputación y que desde Osakidetza se le advirtiera de que, a diferencia de hace unos años, es el propio paciente el que debía contactar con una funeraria para hacerse cargo de la recogida e incineración del miembro amputado.
El Reglamento de Sanidad Mortuoria de Euskadi distingue en estos casos entre cadáveres y restos humanos, definiendo estos como “aquellos de entidad suficiente procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos”.
Así, mientras la inhumación e incineración de los primeros está expresamente previsto en la normativa que sean sufragadas por la persona fallecida o sus herederos, no ocurre lo mismo con los restos humanos.
Colaboración con Andade
Esta nueva regulación materializa el compromiso adquirido por el Departamento de Salud y Osakidetza tras el proceso de escucha con la delegación en Euskadi de Andade (Asociación Nacional de Amputados de España), la asociación que representa a las personas amputadas, para mejorar las condiciones de atención y acompañamiento en momentos de especial vulnerabilidad.
Con la entrada en vigor de esta instrucción, Osakidetza da un paso más en su estrategia de “humanización de la asistencia sanitaria, poniendo a las personas en el centro, garantizando un trato digno y respetuoso y consolidando un sistema de salud pública comprometido con los valores de cercanía, sensibilidad y apoyo a la ciudadanía”.
FUENTE: NOTICIAS GIPUZKOA
